La normatividad que valida el derecho a la educación, constituye una  fuente importante para la exigencia de derechos por parte de las mujeres, que se constituyen en la base para la agencia de las políticas públicas y su desarrollo, fundamento de una sociedad democrática.

INTERNACIONAL

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, fue firmada en febrero de 1995 por 141 países, entre los cuales se encuentran los  de América Latina. En el artículo 10 parte III, la Convención establece que "los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurar la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación".*

Para ello la Convención contempla una serie de aspectos con  los cuales se  asegura las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.  Sintetizando su contenido, estos aspectos son:

• Las condiciones de orientación en materia de carreras, orientación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en todos los niveles educativos y para toda la población.
• El acceso a los programas de estudio, exámenes, personal docente y calidad de los locales y equipos escolares.
• La eliminación de todos los estereotipos relativos a los papeles masculinos y femeninos, mediante el estímulo de la educación mixta y la modificación de libros y programas escolares.
• Las oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios.
• Las oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria y alfabetización funcional y de adultos.
• La reducción de la tasa de abandono femenino en los estudios y la organización de programas para las jóvenes que los abandonan prematuramente.
• Las oportunidades para participar en el deporte y la educación física.
• El acceso al material informativo que contribuye a asegurar la salud y el bienestar de la familia, con especial mención al asesoramiento sobre planificación de la familia.

La Plataforma de Acción surgida de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en septiembre de 1995 dedica el apartado B del capítulo IV, a considerar la situación educativa de las mujeres y las medidas que deben tomarse para conseguir la igualdad real en este plano. En este apartado se señala, en primer lugar, que la educación "es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz".*   A continuación la Plataforma establece la importancia de la educación no discriminatoria tanto para las niñas como para los niños, y constata que la inversión educativa para  niñas y mujeres ha demostrado ser uno de los mejores medios para lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento económico  sostenido y sostenible, con un rendimiento social y económico muy alto.

Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, que estableció los objetivos a lograr en la Conferencia de Beijing desde una perspectiva regional para América Latina, que están contenidas en el Objetivo Estratégico II.4.: "Garantizar a la población en general, y en especial a las niñas y a las mujeres, el acceso a una educación formal e informal que las prepare para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía plena, la participación equitativa en los niveles de decisión y el reparto igualitario de las responsabilidades familiares y domésticas. Asegurar la permanencia de las niñas en el sistema educativo".

Los beneficios sociales de la participación en el deporte son especialmente importantes para las niñas, sobre todo en la adolescencia, porque tienen menos oportunidades que los varones para la interacción social fuera del hogar y más allá de las estructuras familiares. De acuerdo con un estudio de la ONU sobre mujeres, género e igualdad en el deporte (2000 y 2011), además de generar beneficios para la salud física y mental, el deporte puede ser una plataforma eficaz para proporcionar a las mujeres y niñas habilidades de liderazgo que pueden transferir a otros dominios, tales como la participación ciudadana o la vida profesional.

El Comité Olímpico Internacional  mediante la celebración de conferencias centradas en la mujer y el deporte, estableciendo nuevos estatutos en los que obliga a que al menos un 20% de los participantes de una Olimpiada sean mujeres, promoviendo su inclusión en los distintos Comités Olímpicos Nacionales y haciendo que estos presten atención a todos los aspectos de interés de las mujeres. Los Comités Olímpicos Nacionales han de señalar el objetivo inmediato que por lo menos 10% de todos los puestos de sus estructuras decisorias (y particularmente sus Comités Ejecutivos) sean ocupados por mujeres para el 31 de diciembre de 2000,alcanzando 20% para el 31 de diciembre de 2005.

NACIONAL

•  En la historia de la educación femenina en Colombia, un momento importante lo encontramos en la década de los treinta, cuando se iniciaron una serie de reformas educativas que culminarían en la fundación de los Colegios Mayores de Cultura Femenina, a pesar de la fuerte oposición de sectores ortodoxos como la Iglesia y el Partido Conservador quienes consideraban que la educación femenina debería ser orientada hacia la administración de la vida familiar y no hacia la posibilidad de ingresar en la universidad (García, 2003). Según la historia recogida por Miguel García Bustamante en su trabajo sobre el Colegio Mayor de Cundinamarca, estas discusiones y enfrentamientos se resolverían con la creación de los mencionados colegios que, al igual que la recién fundada Facultad Femenina de la Pontificia Universidad Javeriana, entrarían a resolver el problema planteado de la coeducación, garantizando una educación eminentemente femenina (García, 2003:21).
• La presencia de las mujeres en la educación superior en Colombia data de 1933, cuando se expidió el decreto No.1972, que permitía el ingreso de las mujeres a la secundaria y la universidad. Hasta ese momento, ellas sólo podían alcanzar el penúltimo grado de educación secundaria, al cabo del cual recibían un diploma que rezaba: «Educación suficiente».
• En el periodo de los años 70-90, se evidencian avances en el nivel educativo, ya que se logró equiparar el nivel de matrícula de éstas con respecto al de los hombres en la básica secundaria y en la educación superior, aunque ello no se reflejó en el acceso al empleo y el salario.
• La Ley 051 de 1981 permitió el inició el diseño de programas para las mujeres  y se ampliaron los espacios para la inclusión de la categoría de género y con ello, el concepto de equidad en las políticas educativas.
• Ley General de Educación (115 del año 1994) incluye como causal de mala conducta el acoso sexual y sancionar a quienes incurrieran en estas conductas, promover el desarrollo integral de las personas, y en particular la construcción de identidad sexual. Se exigió desde entonces a las entidades territoriales el diseño de un Plan de Desarrollo Educativo al menos cada diez años, para dar continuidad a los cambios educativos.
• El Plan Decenal de Educación correspondiente al período (1996-2005), incluyó la equidad de género como estrategia para minimizar las desigualdades existentes, al considerar que el sistema educativo reproduce estereotipos sexistas, refuerza valores de docilidad, domesticidad, fragilidad, pasividad forjados por la cultura, legitimando el rol tradicional y prácticas asumidas en la cotidianidad de la vida familiar y social, basadas en la idea de superioridad del género masculino sobre el femenino.

Adicionalmente en éste Plan se impulsa la promoción de la equidad como consecuencia de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, basada en  nuestros principios constitucionales. La equidad en la educación tiene que ver con la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad. Pero esta equidad educativa, más que igualdad aritmética, es igualdad proporcional, ya que tiene en cuenta la asignación de recursos a los y las más afectadas(os) por desigualdades culturales, económicas y discapacidades. Según Londoño (2004) en este período se dieron los avances más significativos en cuanto a:

• Creación del Comité de Educación No-Sexista (1996).
• Publicación de materiales coeducativos14 (1995).
• Realización y promoción de investigaciones con el Ministerio de Educación Nacional, el sector privado y el magisterio colombiano.
• Promoción de capacitación en igualdad de oportunidades de género para educadores y educadoras, instructores e instructoras SENA.
• En la educación formal, se mantiene el componente de equidad de género en el Plan Decenal de Educación (1996-1995), se reconocen la relación entre desigualdades de géneros y diversidades, y existe lenta asimilación de un lenguaje incluyente y menos discriminativo. Pero todavía persisten fuertes resistencias a reconocer y modificar patrones de exclusión social por parte de docentes y administradoras(es) del aparato educativo. Las luchas por la visibilidad de la diferencia en el campo educativo, se complican debido al problema del desplazamiento por la guerra y las migraciones forzadas del campo a la ciudad por motivos económicos, culturales y políticos.
• La Ley 823 de 2003. Establece el marco institucional para la orientación de políticas que  garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres: entre ellos  su  permanencia en el sistema educativo en Colombia.
• Desde (2003) la Consejería para Equidad de la Mujer comenzó a impulsar un Programa Nacional en Educación y Diversidad, que incluye el cambio cultural en materia de género, teniendo en cuenta toda clase de discriminaciones a las cuales puedan ser sometidas las mujeres y las niñas. Según Londoño (2004) las acciones a desarrollar para lograr este objetivo son:

1. Poner en marcha el Programa Nacional en Educación y Diversidad.
2. Capacitar en los temas eje de la política a funcionarias(os) y mujeres.
3. Elaborar un boletín sobre pedagogía de género.
4. Realizar convenios con las universidades en los temas de interés para la Consejería.
5. Realizar encuentros con mujeres escritoras y artistas.
6. Concertar con las editoriales la publicación de textos antisexistas y antidiscriminatorios.