"La violencia es incorporada al análisis de la pobreza desde la perspectiva del género porque se la considera un factor que inhabilita a las personas para gozar de autonomía en la medida en que dificulta el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. De esta forma, las mujeres tienen menos posibilidades de alcanzar la autonomía económica y ejercer sus derechos de ciudadanas, lo que erosiona el capital social a causa del aislamiento al que son sometidas y dificulta el logro de la autonomía social. En los estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo se indica la estrecha relación entre la pobreza y la violencia. Por una parte, se indica que la pobreza constituye un factor de riesgo para la aparición de la violencia física en el hogar. Por otra parte, la pobreza es una consecuencia de la violencia, es decir, la violencia empobrece, y frena el desarrollo económico, ya que: (a) la atención de las consecuencias de la violencia social y la violencia doméstica ocasiona gastos en sistemas policiales, judiciales y en la prestación de servicios sociales lo que, en conjunto, compromete recursos que podrían ser destinados a actividades más productivas, y (b) en el caso específico de las mujeres que sufren la violencia doméstica, son menos productivas en sus lugares de trabajo, lo cual es una pérdida directa para la producción nacional" (Buvinic y Morrison, 2003).