Participación ciudadana: Según la Constitución Política de 1991, es la capacidad que el gobierno otorga a la ciudadanía para decidir sobre el bienestar y su desarrollo. Esta se hace efectiva cuando las personas ejercen una dinámica basada en las fases de:
Participación social: Es la actividad organizada, racional y consciente, por parte de un determinado grupo social, con el objeto de expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender intereses y valores comunes, de alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos y de influir, directamente o indirectamente, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Participación comunitaria: Es la actividad organizada, racional y consciente de una unidad social delimitada territorialmente y estratificada de acuerdo a las actividades y funciones que realizan sus miembros, los cuales sustentan ciertos intereses y normas comunes.
Participación política: Es la suma de todas aquellas actividades voluntarias mediante las cuales las personas de una sociedad intervienen en la selección de los gobernantes y, de una manera directa o indirecta, en la formación o construcción de las políticas de gobierno.Pueden ser: (Sabucedo, Manuel y Sobral, J. 1986:165):
Existen instancias como el Consejo Municipal de Planeación, el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, algunas veedurías ciudadanas y las Juntas Administradoras Locales.
Otras son de carácter sectorial y tienen que ver con problemáticas específicas de sectores (educación, salud, medio ambiente) o de grupos sociales como los jóvenes, las comunidades étnicas, los desplazados, las mujeres, etc.)".
La LEY 134 DE 1994 contiene las formas de participar democráticamente para que las personas ejerzan sus derechos de ciudadanía, estos son:
El Voto: Acto mediante el cual la ciudadanía participa de manera activa en la elección de las personas que quieren que las representen o en la adopción de una decisión, pronunciándose en uno y otro sentido.
El Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República para apoyar o rechazar una determinada decisión del ejecutivo.
El Referendo: Es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o derogue o no una norma ya vigente. Ese referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.
El Referendo Derogatorio: Es cuando se coloca a consideración de la ciudadanía el sometimiento de un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, en algunas de sus partes o en su integridad, para que el pueblo decida si la deroga o no.
El Referendo Aprobatorio: Es cuando se coloca a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza, total o parcialmente, el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local y una iniciativa popular que no haya sido aprobada por la corporación pública correspondiente.
La Consulta Popular: Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de transcendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.
El Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas administradoras locales (JAL), para que los habitantes puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.
La Iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de personas a presentar proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo, ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, en consonancia con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.
La Revocatoria del Mandato: Es un derecho político por medio del cual la ciudadanía da por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde
La participación de las mujeres a diferencia a la de los hombres a través de la historia, en el espacio público y como gestoras de cambio, fue por varias décadas invisibilizada y subordinada.
No obstante, algunas lograron trasgredir la impronta de la cultura patriarcal en varios espacios de la vida cotidiana y se posicionaron en las instancias de decisión que tradicionalmente ocuparon los hombres a nivel internacional y nacional. En la actualidad, algunas mujeres han dirigido y dirigen los destinos de sus países, como presidentas o como primeras ministras de acuerdo a la conquista de espacios participativos en aquellos.
La Conferencia de Beijing reafirmó que "la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz". (1995).
La participación de las mujeres en el ámbito público a nivel mundial ha sido un proceso parejo con el movimiento social de mujeres. Permitiéndosele producir una de las trasformaciones más importantes del siglo XX, conocida como "la revolución silenciosa de las mujeres". En este sentido, su participación ha estado presente desde la Revolución Francesa con Olympe de Gouges, quien escribe y publica la Declaración sobre los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pasando en el siglo XX con Margaret Thatcher en el Reino Unido como Indira Gandhi, primera, ministra de la India. El Premio Nobel de la Paz, en el 2011, a tres mujeres de África: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman. Estos son indicadores que señalan los avances de la incursión de la participación política y el reconocimiento de las mujeres a nivel internacional.
En Latinoamérica, con María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita Perón (1974 - 1976), Argentina, seguida por Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua (1990 -1997), Michelle Bachelet de Chile. Cristina Fernández de Kirchne; Brasil, Dilma Rousseff y Costa Rica, Laura Chinchilla, y la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff.
En Colombia, desde Policarpa Salavarrieta al lado de otras mujeres heroicas, pasando a nivel local con María Concepción Martínez, Heroína de la batalla de El Chucha y en la actualidad, personajes nacionales como Clara López Obregón, María Emma Mejía, Patricia Buritica, Piedad Córdoba, Cecilia López de Montaño, entre otras. En lo departamental, Blanca Franco de Castro, única gobernadora del departamento, Miriam LLinás de Oballe y Elsa Noriega, alcaldesas distritales, representantes a la cámara, diputadas, concejalas y directoras de organismos descentralizados desde donde se han desempeñado un trabajo de calidad, aunque con poca incidencia a la defensa de las necesidades específicas de sus género.
Los avances de la participación de las mujeres en Colombia se fortalecen con la creación en 1990 de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia acentuándose más con la Constitución del 1991 Carta Política al plantear la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En la actualidad, esta labor la realiza la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.
Estas normas se plasman en los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Distrital y Municipal como estrategia para que las mujeres accedan a los bienes y servicios como sujetas de derechos y del desarrollo humano sustentable. En esta ruta, a nivel nacional, existe una política pública de mujeres e igualmente, varios departamentos, distritos y municipios Han construido políticas públicas de género y mujeres para atender las necesidades prácticas y estratégicas específicas de las mujeres, entre ellos el departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla.
En el mismo sentido, existen normas internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –Cedaw- 1979; la Convención de Belém do Pará 1994; la Plataforma de Beijing 1995; los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos donde se señalan la persistencia de formas de inequidad y discriminación en el ejercicio de la participación de las mujeres, limitante del disfrute pleno de su ciudadanía.
Este marco jurídico nacional e internacional incidió para que las mujeres se les reconocieran como sujetas de derechos en todos los espacios de la cotidianidad. Lográndose, con ello, incursionar en los cargos de mayor jerarquía en el poder político en todo el mundo.
La participación de la ciudadanía femenina tiene su mejor expresión en los movimientos políticos, sociales y comunitarios, en estos espacios aprenden a habituar, sedimentar, legitimar e institucionalizar las experticias de la acción colectiva de la sociedad civil para interlocutora con el Estado e incidir en la satisfacción de sus demandas.
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA: El sistema de cuotas de participación política (Torres: 2001:45) es un mecanismo de la democracia que en principio alude al derecho que tienen hombres y mujeres de participar en igualdad de condiciones en la vida pública. La cuota de participación supone entonces un derecho político de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad como lo establecen las constituciones políticas. La igualdad formal "de todas las personas ante la ley", en la práctica no ha sido real ni efectiva, ya que no solo para los sectores de menor poder económico, sino además para las mujeres, los mecanismos y las cuotas de participación política han sido y siguen siendo excluyentes por una serie de factores objetivos y subjetivos que escapan al dominio de esos grupos postergados de la participación y que son manejados desde la perspectiva del poder político dominante. Por esas razones, el sistema de cuotas en la región, enfrenta enormes retos. Solamente pocos países como Argentina, Colombia, Venezuela, Paraguay y Panamá, han logrado la representación de mujeres en el parlamento del orden del 30% en los años 90, cuota similar a la de países como Alemania con un 30.9%.
La Cuota Mínima de Participación de las Mujeres, busca crear mejores "condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres" en el ámbito político. Este mecanismo se ha concebido como una "medida temporal y transitoria" para dar paso a la igualdad por resultado que, luego de lograrse, será desechado. Así mismo, el establecer cuotas por sexo pretende ampliar el concepto de representación, permitiendo que la mitad de la población (las mujeres) sea proporcionalmente representada, logrando un mejor balance entre mujeres y hombres, y un mayor perfeccionamiento de la democracia política.
Otro aspecto que merece destacarse es que el sistema de cuotas ha pasado a ser un "valor positivo" en el ámbito político, al ser cada vez más aceptado tanto por hombres como por las mismas mujeres de los partidos políticos que al inicio parecían menos convencidas de utilizar este sistema.
El último elemento que también parece fundamental, es un convencimiento de que la participación política es la que permite obtener posiciones de poder, desde las cuales impulsar procesos de transformación en el sistema político vigente. Para ello, el sistema de cuotas es una condición indispensable.